Artículo publicado originalmente en el periódico Reforma.

Las cifras sobre el rumbo de la economía mexicana apuntan hacia un panorama de estancamiento en el mejor de los casos, con un alto riesgo de recesión. Sin crecimiento, no se generarán suficientes empleos. Ello a su vez se traduce en una menor recaudación tributaria y menores posibilidades de invertir en infraestructura y programas de desarrollo social. La disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica son condiciones indispensables, pero insuficientes para propiciar un crecimiento sostenible e inclusivo que se traduzca en mayores oportunidades para los mexicanos. Ante este escenario, y más allá de discutir sobre las causas que han llevado a esta situación, los esfuerzos debieran concentrarse hoy, más que nunca, en cómo sí es posible revertir el rumbo de la economía.

En ese sentido, es una señal muy positiva el reciente anuncio del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, no sólo por el efecto que tendrá para impulsar la actividad económica y generar empleo en los próximos años, sino también porque demuestra el compromiso de colaboración entre el sector público y el sector privado. Si bien es innegable que los esquemas de asociación público-privada (APP) son instrumentos perfectibles, es alentador que se reconozca que el capital privado puede ser un detonador de crecimiento.

Pero el mayor reto para el éxito de este programa dependerá de su implementación. Si este proceso termina facilitando la implementación de proyectos, se atraerá una mayor participación del sector privado y el número total de inversiones podría aumentar para dinamizar el desempeño económico.

Por tanto, para que este acuerdo contribuya a reforzar el clima de inversión en el país y generar una dinámica más favorable para la economía en el 2020 y los siguientes años, es crucial asegurar que la ejecución de estos proyectos APP sea lo más transparente posible y con estricta rendición de cuentas. Existe amplia literatura sobre mejores prácticas, que debieran fortalecer el proceso de ambos sectores. Una sugerencia importante es crear una unidad especializada que sea la encargada de la promoción y coordinación, asistencia técnica, control de calidad de evaluaciones y estandarización de metodologías y herramientas relacionadas con estos esquemas. Por parte del sector privado es importante transparentar todos sus costos y utilidades. Que no haya duda sobre estas cifras. Es recomendable también explorar nuevos sectores más allá de las carreteras. En salud deben utilizarse más y mejor. También en educación superior, por ejemplo, se podría optar por establecer contratos de prestación de servicios a largo plazo entre el gobierno federal o estatal y universidades privadas que demuestren cumplir con estándares de calidad y que puedan ofrecer estudios de licenciatura a un menor costo del que representa para el gobierno.

Dicen que en política la forma es fondo, y quizás el acuerdo nacional de infraestructura indica un cambio de discurso hacia el cómo sí se pueden encontrar sinergias a favor del crecimiento económico del país. Hay mucho en juego, y este podría ser el inicio de un círculo virtuoso de mayor inversión productiva, más crecimiento económico, más y mejores empleos, y mayor recaudación de impuestos que permita a su vez una mayor inversión pública en los programas sociales que generen una mayor equidad.

Si ese es el caso, es un buen momento para reflexionar sobre cuáles otras palancas de desarrollo pudiesen ayudar a salir del estancamiento económico, bajo un escenario de presupuesto limitado. Es necesario pensar en nuevas ideas sobre cómo lograr hacer más con menos, y para ello, el trabajo y la confianza entre los diferentes sectores es un requisito indispensable.

Luis Durán es presidente y CEO de Laureate México y UVM. También preside la Comisión Nacional de Educación de Coparmex.
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